El Beneficio Universal Básico Obligatorio (BPU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y TV por suscripción entrará en vigencia el primer día del año, con el objetivo de apoyar la globalización del acceso a sectores populares y de bajos ingresos.
La PBU tiene la «obligación» de proporcionar a las empresas estos planes especiales para su consideración en el reglamento, la resolución específica que regula 1467/20 y la emergencia 690/20.
Esa regla determinó la naturaleza de los servicios públicos esenciales que competirían con la telefonía móvil y fija, Internet y televisión por cable, y estableció la PBU para esos servicios.
Control de precios
DNU «inhabilita tarifas, devuelve al estado la capacidad de regular el precio de los servicios de telecomunicaciones y establece que debe haber un servicio básico global y obligatorio que transforme el sistema telefónico de prepago, que es muy caro y defectuoso». Garo, le explicó a Telem.
«Es importante anunciar la necesidad de más servicios de telecomunicaciones en la competencia porque es un sector competitivo con proveedores grandes, medianos, pymes, cooperativas y comunitarios; la realidad de Argentina es geográficamente más compleja», agregó Karo.
Beneficiarios
Entre quienes optan por adherirse a las Prestaciones Básicas Universales obligatorias se encuentran las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años y miembros de su grupo familiar.
Se incluirán los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos brutos mensuales no superiores a dos salarios mínimos básicos y móviles, así como sus hijos e hijas; Clubes de Barrio y Ciudad, Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
“Luego de la epidemia, es muy claro que hay una gran necesidad de integración ciudadana en Argentina. Sin ese acceso hoy no es posible ejercer la ciudadanía; el tema de la brecha digital es importante en los tiempos venideros en Argentina”, dijo.
Acceso
Con la regulación del DNU, la legislatura ejemplifica el reparto de infraestructura que “comienza con una política regulatoria asimétrica, buscando el equilibrio en un mercado donde no existen”, compitiendo en infraestructura que permite a las empresas detenerse, incurrir en costos extra y hacer esto solo por el servicio que brindan.
“El beneficio fundamental global de aparecer como una nueva entidad en el orden fundamental es importante porque permitirá el acceso a un servicio básico para los sectores económicamente desfavorecidos de Argentina, cerca de 10 millones de personas”, enfatizó Pablo Garro.
«Vamos a tener un servicio muy accesible para que todas las personas en situación precaria hoy puedan acceder a este derecho, que el gobierno debe garantizar a todos», concluyó el legislador.
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